El título de esta sección, "Laberinto", se seleccionó debido a la complejidad y la multifacética naturaleza de los temas que se abordan.
Al igual que un laberinto, cada aspecto de esta discusión presenta diferentes caminos y opciones, lo que puede resultar tanto intrigante como desafiante.
De este modo, el término refleja la profunda interconexión de las ideas y la necesidad de una exploración cuidadosa para navegar con éxito a través de ellas.
Era inevitable que ocurriera, en algún momento, todo lo que hacemos tiene una repercusión en la vida.
En mi caso, me encuentro atrapado en un laberinto, enredado en las telarañas de la justicia.
Quien establece la ley también puede idear los medios para eludirla; por ello, el sistema judicial, en la actualidad, resulta ser un entorno propicio para la manipulación por parte de autoridades corruptas.
No solo en México existen problemas en el ámbito judicial relacionados con sus autoridades y participantes, incluyendo policías, fiscales, jueces, y algunos abogados deshonestos.
Al llegar a España y Europa, he observado, a lo largo de los años, que este "primer mundo" también enfrenta desafíos similares que parecen ser eternos.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha incurrido en una falta de procedimiento en su resolución; no es una suposición, es una afirmación categórica.
Esta conclusión puede ser corroborada al contrastar su decisión con el documento que se presentó como prueba principal y que se relaciona directamente con la denuncia inicial.
Es fundamental señalar que la CIDH ha experimentado un notable deterioro en su credibilidad y, en la actualidad, parece estar sujeta a prácticas de corrupción, clientelismo, hipocresía y manipulación de casos según intereses gubernamentales.
Un aspecto crucial que no puede pasarse por alto es el derecho consagrado en numerosos tratados internacionales.
Esto incluye la existencia o no de mecanismos legales que protegen a un extranjero detenido y procesado en otro país, particularmente el derecho a asistencia consular a través de su embajada, así como el debido proceso legal en todos sus aspectos.
Además, es esencial evaluar si se han cometido crímenes de lesa humanidad o actos de tortura.
Voy a presentar en su totalidad el contenido de la resolución, donde se podrá evidenciar no solo la manipulación evidente, sino también la grave falta de integridad que representa este actuar de la CIDH.
Cabe mencionar que ya he realizado una denuncia ante la Corte de San José, como habrán leído anteriormente. Hasta el día de hoy, no he recibido respuesta alguna y esta falta de comunicación me obliga a preparar la correspondiente denuncia ante la Corte Internacional.
En un futuro próximo, se dará a conocer sobre la resolución de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en la cual se articulan argumentos jurídicos que demostrará la prevaricación de dicha Comisión, así como otros aspectos de relevancia.
¿Qué aspectos podrás conocer e interpretar en esta sección?
¿Se tratará de todo lo que ha ocurrido, o quizás de lo que resulta pertinente compartir en este momento?
Permíteme, estimado lector, enfatizar que, al considerar la totalidad de la información, es fundamental centrarse en la fecha actual: el año 2025.
Además, te invito a situarte en mi perspectiva y reflexionar sobre el hecho de que mi caso se presentó en 2006, y estuve privado de libertad hasta 2012.
Desde entonces, he estado en una búsqueda constante de JUSTICIA. Muchos años han pasado, y continúo dedicando todos mis esfuerzos a esta causa, sin perder la esperanza de que un día se reconozca mi inocencia.
Es importante que comprendas que, ya sea culpable o inocente, persistiré en afirmar mi inocencia.
No tengo ninguna obligación hacia la sociedad, ya que, independientemente de mi culpabilidad o inocencia, ya he cumplido con un severo castigo al haber estado privado de LIBERTAD.
Pasé más tiempo en prisión debido a las fallas del sistema judicial, que optó por mantenerme encarcelado el mayor tiempo posible sin pronunciar una sentencia justa.
Esto implica que estuve recluido más tiempo del que realmente correspondía.
En primer lugar, se ha corroborado que no conté con asistencia consular.
La autoridad judicial ha establecido que, a pesar del envío de un presunto burofax, este nunca fue recibido por la Embajada Española en México.
Además, existe evidencia de que se llevaron a cabo torturas, dado que fui trasladado a la Cruz Roja, donde la ambulancia fue interceptada por agentes federales y fui secuestrado dentro de la misma.
Posteriormente, se me condujo a un hospital debido a mi deteriorado estado de salud, durante el cual la fiscalía manipuló diversas actuaciones ministeriales.
Es fundamental resaltar que fui presentado ante un Juez Federal para rendir declaración, instancia en la cual el magistrado ordenó a las autoridades convocar urgentemente a un médico al juzgado.
Con respecto a mi representación legal, desconocía que estaba siendo asistido por un abogado de oficio, quien, a la luz de la situación, parece haber actuado con una falta de ética profesional evidente.
La Constitución mexicana permite solicitar la ampliación del término constitucional antes de dictar un auto de prisión preventiva; sin embargo, este abogado, al observar mi estado, no tomó las medidas adecuadas, vulnerando así derechos constitucionales.
Cabe mencionar que estuve más de 30 días hospitalizado, aquejado por una afección cardíaca que se vio agravada por las torturas físicas infligidas por los agentes federales y la fiscalía.
Por lo tanto, conforme a la legislación mexicana y en consonancia con los diversos tratados y pactos internacionales, se evidencia que se cometieron crímenes de lesa humanidad y tortura desde el inicio, así como una privación ilegal de la libertad.
Esta afirmación no es meramente presuntiva, sino categórica.
Cuento con las pruebas pertinentes, las cuales se han expuesto anteriormente, y adjuntaré los documentos necesarios para su verificación.
El documento federal precedente, relativo a la notificación remitida a la Embajada española por parte del juzgado, incluye varios elementos relevantes. En primer término, se detalla que fue emitido el 4 de mayo de 2006; sin embargo, resulta fundamental enfatizar que, según se señala, el burofax de aviso consular fue enviado el 28 de abril. Este burofax se clasifica como extemporáneo, dado que mi declaración ante el juez se realizó el 11 de abril de 2006.
Dicha circunstancia podría implicar una posible violación de los tratados internacionales concernientes al derecho a la asistencia consular, lo cual contradiría el argumento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la notificación consular.
Con los documentos presentados, se demuestra fehacientemente que no hubo asistencia consular, de acuerdo con lo estipulado en las leyes y tratados internacionales, especialmente en lo que atañe a los derechos humanos.
Vulneración del sistema judicial y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Se ha observado un incumplimiento del debido proceso, conforme a la normativa vigente en México.
Es crucial destacar que un médico fue designado para proporcionar atención de emergencia, a solicitud de la Jueza.
Mientras que la defensa no adoptó las estrategias adecuadas para solicitar la ampliación del término constitucional, lo que me habría permitido estar en condiciones óptimas para realizar una declaración precisa.
Adicionalmente, se evidencia que la fiscalía me trasladó al centro penitenciario en un estado de salud comprometido, lo que constituye una violación de mis derechos y puede implicar crímenes de lesa humanidad y tortura.
A pesar de lo anterior, continuaremos presentando nuestra posición jurídica. Los documentos federales proporcionados por la Cruz Roja y el hospital demuestran claramente qué, en primer lugar, fui secuestrado desde una ambulancia.
Adicionalmente, el documento emitido por el hospital acredita que las diligencias realizadas por la fiscalía se llevaron a cabo sin mi presencia, lo que implica que las diligencias ministeriales en su totalidad están falsificadas.
Asimismo, se evidencia la comisión de delitos de lesa humanidad por parte de la policía y la fiscalía, al poner en grave riesgo mi vida.
Les informo que el Gobierno de México se encuentra tan arraigado en prácticas de tráfico de influencias, relacionadas con conflictos de interés, que podría parecerme casi jocoso el sistema inquisitorial, si no fuera por la gravedad de la situación.
Cabe señalar que a México se le comunicó, en agosto de 2018, el plazo establecido para responder a la denuncia pertinente.
En ese momento, el país había cambiado de presidente, y una de las Ministras involucradas en mi caso era la entonces Secretaria de Gobernación, la Ilustre Olga Sánchez Cordero.
Con el objetivo de dejar un legado jurídico en mi red, actualmente llamada X, publiqué un post fijado que permanece vigente, en el que ya advertía a esta funcionaria sobre el tráfico de influencias y los conflictos de interés, dado que preveía las circunstancias que se desarrollarían.
Tal cual mencioné anteriormente, esta ministra, junto con el actual presidente en la época, de la Suprema Corte de México, Arturo Zaldívar, fue responsable de resolver los amparos previamente expuestos, utilizando criterios dispares.
Es fundamental destacar que México respondió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) años más tarde, mediante un escrito que carecía de firma y no estaba respaldado por ningún medio probatorio.
Además, se insistía en que la CIDH no debía admitir el recurso.
Al leer el documento que les presentaré, algunos de ustedes probablemente encuentren motivo de risa, ya que dicho escrito parece haber sido redactado por un niño de primaria.
Se llevará a cabo próximamente un análisis exhaustivo de este informe, el cual presenta serias faltas en relación con los derechos humanos y diversos tratados internacionales. Es necesario señalar que el documento carece de un nivel de rigurosidad que se podría esperar, lo que podría considerarse característico de un niño. Adicionalmente, es pertinente destacar que el informe no cuenta con firma, lo que podría afectar su validez.
El presente video tiene como objetivo demostrar, entre otras cuestiones, que el informe enviado por México a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) está incompleto. Aunque el documento debería constar de 18 páginas, se han presentado únicamente 16, dado que las páginas 2 y 4 se encuentran en blanco. Además, se verifica la ausencia de firma en el informe.
©Derechos de autor. Todos los derechos reservados.
Necesitamos su consentimiento para cargar las traducciones
Utilizamos un servicio de terceros para traducir el contenido del sitio web que puede recopilar datos sobre su actividad. Por favor revise los detalles en la política de privacidad y acepte el servicio para ver las traducciones.